Por Antonio Correa Jiménez
En la Región Caribe de Colombia, la no implementación de los acuerdos de Paz de Ralito sí que le ha pegado duro a dos ciudades que otrora se caracterizaban por ser modelos de paz, convivencia y por la hospitalidad de sus habitantes para tenderles la mano a las víctimas del conflicto armado. Por eso eran las preferidas por las víctimas de la violencia para comenzar de nuevo.
Me refiero a Barranquilla y Cartagena, que lamentablemente personifican la nueva generación de la guerra en Colombia, con una escalada de violencia que está llegando a cifras inimaginables y que son el retrato del traslado de la guerra de lo rural a lo urbano.
Hoy, las calles de estas dos ciudades, han visto cómo mueren a diario niños, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades, en un conflicto que tocó sus puertas, y que le ha hecho un daño inmenso a la sociedad. Este dramático relato es la escenografía de un monstruo de mil cabezas representado en combos de la muerte, oficinas de sicariato y grupos ilegales que se dividen en barrios y localidades disputándose el control territorial y dejando como secuelas extorsión, muerte, secuestro express, microtráfico y control de los puertos legales e ilegales para que sean tomados por la economía ilegal del narcotráfico.
En el caso del Área Metropolitana de Barranquilla, las cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, elaboradas por el investigador Janiel Melamed muestran el incremento en varios de los delitos. En el caso del homicidio se pasó de 186 en el primer semestre de 2023 a 216 en el primer semestre de 2024 (ver cuadro 1).
Precisamente el diario El Heraldo, a través de su directora, Erika Fontalvo, dedicó su editorial del 13 de agosto de 2024 al tema del homicidio en Barranquilla, denunciando un incremento del 20% en lo que va corrido del año.
En el caso de Cartagena, el panorama también es muy preocupante. Si bien hubo una reducción mínima de las cifras en el primer semestre de 2024, lo cierto es que el incremento de los asesinatos en la Heroica vienen con un crecimiento bastante alto desde el año 2019 como lo muestran las cifras del programa Cartagena Cómo Vamos que recoge los datos de Medicina Legal.
En 2023 la Heroica tuvo una de las tasas más altas de homicidios en Colombia con 40 casos por cada cien mil habitantes. Y desde el 2019 los homicidios crecieron un 115% pasando de 197 asesinatos en 2019 a 425 homicidios en 2023, tal y como se evidencia en los datos del programa Cartagena Cómo Vamos.
La violencia que en otros tiempos caracterizaba a estas dos ciudades eran las guerras de pandillas. Hoy, centenares de esos jóvenes han sido reclutados por las temidas bandolas que se pelean a sangre y fuego por el control territorial y, sobre todo, de los puertos por donde se envían sus productos ilícitos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
Los tiempos pasados quedaron en el olvido. Antes, ciudades como Barranquilla eran albergues de marimberos. Por ejemplo, existían cánones de no trasladar sus guerras de La Guajira hacia el Puerto de Oro de Colombia. Hoy las batallas que se disputan no tienen límites de ninguna naturaleza.
La búsqueda de una paz integral es esencial para resolver este conflicto. En esta región, particularmente, se debe comenzar con la declaración de un alto al fuego inmediato entre todos los actores involucrados en el conflicto, con los cuales el Gobierno Nacional ha iniciado mesas de negociación. Me refiero a las mesas instaladas con el EGC, Itagüí y Sierra Nevada, y la identificación de nuevos combos, como Los Castor, entre otros, para la inclusión en estas mesas de paz.
Hoy hacemos un llamado al señor Presidente de la República y al Comisionado de Paz para que propendan por un cese al fuego y cese esta horrible noche que viven los barranquilleros y cartageneros. Este paso es crucial para desescalar el conflicto y crear un ambiente propicio en nuestra sociedad para las negociaciones de paz futuras.
Junto con el alto al fuego es esencial trabajar de la mano con las autoridades territoriales para que tengan capacidad resolutiva que les permita abordar de manera efectiva las causas sociales subyacentes de la violencia y proporcionar seguridad a los ciudadanos.
Esto incluye una mayor inversión en la Seguridad Ciudadana a través de nuestra Policía Nacional. Ello, tras realizar una depuración que conlleve la judicialización de las manzanas podridas que se hayan mezclado con las oficinas de sicariato y sigan en la disyuntiva del pasado, de hacerse al lado de la ilegalidad por una tajada o por hacer parte del negocio, lo que no ha permitido la captura, identificación y judicialización de oficinas de la muerte encubiertas dentro de la sociedad civil.